SOS de los autónomos al nuevo Gobierno: subsidio a los 52 años, paro automático y cuota cero para emprender

Tarifa plana ‘0 euros’ durante dos años y hasta tres para los menores de 30 años y mujeres que se reincorporen tras la maternidad, bonificaciones en las cotizaciones para autónomos con bajos ingresos, reconocimiento automático del cese de actividad, ampliación para el colectivo del subsidio de 52 años, incentivos a la contratación de hasta el 50% de las cuotas sociales, eliminación del año de demora para acceder a la jubilación activa, garantizar la segunda oportunidad con medidas como el acceso a pensión con deudas con la Seguridad Social y Hacienda, suprimir las subidas de cuotas no acordadas… Son algunas de las propuestas al nuevo Gobierno que ha elaborado la mayor asociación de autónomos, ATA, incluidas en el documento «Para un país que respeta y protege a quien crea riqueza y empleo y construye nuestro futuro«.
El objetivo que busca la organización que dirige Lorenzo Amor es una reforma integral que afecta a ámbitos de la Seguridad Social y Hacienda y Empleo, una nueva hoja de ruta con diez bloques de medidas de choque para dejar atrás una regulación que «ha evolucionado de manera fragmentaria, descoordinada, generando desequilibrios, incertidumbres y lagunas de protección que afectan a la viabilidad de miles de actividades económicas y de profesionales». Han sido años, según ATA, en los que bajo la excusa de mejorar su protección social «se ha buscado la confiscación de los recursos de este colectivo, tanto vía cotizaciones como fiscalmente». Añaden que hoy el 63,2% de los autónomos tienen unos ingresos por debajo del salario mínimo, situado en 1.221 euros.
Fomento del trabajo autónomo es el primero de los bloques, en el que se reclama cuota cero para emprender durante dos años para quien inicie una actividad, ampliable a tres para menores de 30 años, mujeres que se reincorporen tras la maternidad o quienes mantengan ingresos por debajo del SMI durante los dos primeros años. Defienden una tarifa de 30 euros al mes para menores de 30 años que compaginen estudios con trabajo, así como bonificaciones por aquellos con ingresos que les sitúen en la tabla reducida (tres tramos por debajo del SMI) siempre y cuando se mantengan de alta de forma continuada en ese año y sean habituales en los siguientes términos: en un 75% en el tramo 1, en el 35% en el tramo 2 y en un 15% en el tramo 3.
Un segundo bloque reclama más protección social y conciliación real, con medidas como el reconocimiento del paro automático, subsidio para mayores de 52 años y ampliación del descanso por nacimiento en dos semanas adicionales por lactancia materna (15 días). Reclaman también una baja de maternidad flexible compatible con el trabajo tras las primeras seis semanas, contrato de relevo bonificado desde el último trimestre de embarazo para formar a la persona sustituta y bonificaciones del 100% de la cuota para la contratación de un cuidador o empleado del hogar, así como en supuestos de cuidado de familiares con enfermedad grave o discapacidad superior al 33%. También piden bonificar el 100% de la cuota desde el primer día en caso de enfermedad grave.
Premios por retrasar la jubilación
El capítulo de pensiones incluye eliminación del año de demora exigido para acceder a la jubilación activa, aumento de la pensión por demora con incremento anual del 4% en la cuantía de la pensión por cada 12 meses continuados en jubilación activa y eliminación de límites de aportación en los planes de pensiones simplificados, además de aumento del límite deducible en renta hasta los 10.000 euros. Entre sus peticiones está aumento del límite deducible hasta los 5.000 euros y para mutualistas establecer un convenio especial transitorio de al menos cinco años para trasladar el ahorro acumulado al sistema público.
Los autónomos también reclaman incentivos con rebaja del 50% de las cotizaciones durante dos años por la creación de empleo neto, y del 100% si el contratado es menor de 35 años, un contrato intergeneracional que esté 100% bonificado para menores de 35 años en oficios y sectores clave y una cotización conjunta de autónomo y aprendiz durante los cinco años previos a la jubilación para asegurar la transmisión del negocio. Reclaman la congelación de subidas no acordadas y aumento de la reducción de gastos difíciles de justificar: incremento de la deducción de gastos del 3% al 5% para autónomos societarios y del 7% al 9% para personas físicas.
Devoluciones más rápidas
A la Seguridad Social le piden devoluciones más rápidas, que los excesos de cotización lleguen al autónomo antes del 31 de diciembre del año de regularización, cinco meses antes que actualmente. Exigen al nuevo gobierno que no se produzca discriminación a familiares y societarios; reclaman que coticen por ingresos reales sin mínimos preestablecidos y pudiendo recuperar bases de 2022, una actualización voluntaria con el IPC y exención de cotización como autónomo a quien ya cotice por la base máxima como asalariado.
Los autónomos también solicitan en su reforma integral ayudas en formación y prevención de riesgos laborales con la creación de un órgano específico para autónomos dentro de Fundae enfocado en la digitalización, un presupuesto específico en la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y un órgano específico también para analizar la siniestralidad laboral del colectivo.
Inseguridad jurídica
Durante los últimos años los autónomos han denunciado inseguridad jurídica y ahora reclaman el criterio de «habitualidad», que sólo sea obligatoria la afiliación o alta cuando los rendimientos netos superen el SMI anual y la actividad se ejerza durante más de tres meses continuados o alternos en un año. Y exigen que se delimite claramente el trabajo autónomo «genuino y relevante», de «cualquier tentativa de uso del trabajo autónomo de forma fraudulenta»
La «segunda oportunidad garantizada» está dentro del decálogo de reformas. Piden que la pensión esté asegurada con deudas y la posibilidad de que ir saldando esa deuda de forma fraccionada con deducciones de la propia pensión. También reclaman justicia gratuita para personas físicas con actividad económica y creación de una red de alerta temprana para prevenir quiebras empresariales antes del concurso de acreedores.

IVA franquiciado
Respecto a la fiscalidad destaca el IVA franquiciado para facturación inferior a 85.000 euros con una única declaración anual, eliminación gradual del sistema de módulos en tres años y caminar hacia un sistema de estimación directa especial con deducciones elevadas por ejemplo en carburantes y una deducción de gastos recurrentes al 50%. Las peticiones se completan con modelos de tributación y reducción de dos puntos del tipo imponible para quienes adopten la factura electrónica por adelantado y exención de sanciones por errores no intencionados.
Por último solicitan al nuevo gobierno menos trabas administrativas y políticas que permitan errores. Así, proponen un «test micropyme» con evaluación del impacto económico y social de cualquier norma en empresas de menos de 10 trabajadores, una ventanilla única de comunicación y documentación con la Administración y establecer silencio positivo como norma general ante la falta de respuesta de la Administración. Se completan las peticiones con la exigencia de garantías y derechos frente a la Administración con «derecho al error», es decir, un primer aviso sin sanción económica en infracciones leves cometidas por primera vez y derecho a la desconexión, con notificaciones administrativas solo en días laborables y horario comercial.
Pago de sanciones
La reforma debería incluir también una exención de condena en costas en lo contencioso-administrativo para autónomos con rendimientos netos inferiores a 100.000 euros y «derecho a recurso», que permita que el pago de una sanción pronto para obtener descuento no impedirá su posterior recurso.
Fuente: ABC.es







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