El 22% de los nuevos contratos de trabajo dura menos de una semana
La reforma laboral introducida en 2022 por acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno tenía como principal objetivo limitar al máximo los contratos temporales y favorecer los indefinidos. Tras más de tres años de aplicación, la meta se da por conseguida en tanto que casi la mitad de las contrataciones ya son fijas. Sin embargo, este proceso ha venido aparejado de un repunte del peso de los contratos de una duración inferior a siete días, que suponen un 22% del total.
La ley impulsada por el Ministerio de Trabajo acabó con el antiguo contrato por obra y servicio y restringió los acuerdos de duración determinada a los casos en los que estos estuvieran justificados, por la sustitución de otro trabajador o por necesidades de producción. Además, se introdujo una penalización para las empresas que realicen contrataciones por menos de 30 días, que se actualiza con las subidas del SMI y que ahora es de 32,6 euros.
La comparativa con el año 2019 muestra que si bien la ley redujo el volumen de contratos temporales, no ha evitado que los acuerdos con una duración menor a una semana sean los más usados dentro de esta categoría. En el mes de marzo, se firmaron 285.158 contratos por menos de siete días, frente a los 461.292 suscritos en el mismo mes de 2019. No obstante, suponen el 45% de los contratos temporales siendo más habituales que los contratos por más de un mes, meses o hasta un año.
Los datos publicados por el SEPE a comienzos de semana junto a la estadística de desempleo muestran que el porcentaje de contrataciones por menos de una semana se mantiene estable respecto a 2025, pese a que el número de contratos experimenta un crecimiento del 10%, similar al de las contrataciones indefinidas (13%), por lo que el aumento de los contratos más cortos sobre el total identificado tras la entrada en vigor de la reforma laboral, parece haberse frenado.
Precisamente este fue uno de los puntos sobre los que advirtió UGT el pasado lunes, al presentar el informe elaborado por su servicio de estudios sobre la evolución del mercado de trabajo a lo largo de 2025. «Tras la moderación observada en años anteriores, desde 2023 han retomado una tendencia creciente, lo que requiere especial atención» advirtió el sindicato encabezado por Pepe Álvarez. El coordinador del Área Económica de este servicio de estudios, Alberto del Pozo, explica a elEconomista.es que los contratos de menor duración comenzaron a ganar peso durante la crisis de 2008, una tendencia que alimentó la reforma de 2012 y que los llevó a un nivel máximo en el año 2019, la reforma laboral redujo su peso sobre el total y desde 2024 se han estabilizado en el entorno del 21-22%.
Desde el sindicato interpretan que esto puede ser un síntoma positivo, en tanto que los antiguos contratos temporales de mayor duración (y en su mayoría injustificados) habrían pasado a alimentar la estadística de indefinidos, lo que al reducir el total de contratos temporales habría elevado la importancia de los contratos más cortos, empleados fundamentalmente para cubrir imprevistos de demanda o producción.
El profesor de la Universidad Autónoma e investigador de Fedea, Marcel Jansen, aprecia que el peso que mantienen los contratos más cortos pone de relieve que la reforma laboral ha beneficiado, sobre todo, a los que ya tenían los contratos temporales más estables (los de mayor duración), acuerdos laborales que se han transformado en fijos discontinuos o que han pasado a ser atendidos a través de Empresas de Trabajo Temporal. En cambio, las personas en condiciones más precarias seguirían atadas a los contratos temporales, presentes en sectores como la hostelería.
El profesor señala que el porcentaje que mantienen sobre el total (21,7%) no es alarmante, en tanto que es inferior al 27% anotado en 2019 y no supone una proporción extraña para la composición sectorial de la economía española. No obstante, considera que sería oportuno estudiar en mayor detalle qué personas están firmando estos contratos, para que no se produzcan situaciones fraudulentas ni estos contratos se conviertan en focos de precariedad en los que un mismo trabajador firma varios contratos de escasa duración en la misma compañía.
En este sentido, el economista plantea que de comprobarse que se está dando esta práctica, sería oportuno sustituir la penalización fija actual por un sistema de ‘bonus malus’ que ataje la rotación dentro de las empresas. Este podría concretarse a través de un incentivo dinámico por el que las compañías que contraten de forma reiterada al mismo empleado por un corto periodo de tiempo, tengan que hacer frente a un sobrecoste en cotizaciones sociales que se incrementaría a medida que reincidan.
Fuente: El Economista
