Estudio de la fintech Qonto

Ser autónomo o emprendedor en España es algo verdaderamente complejo. Más allá de la gran carga de trabajo y los problemas psicológicos que esto puede causar, se suma la poco favorable legislación y los altos índices de retraso y morosidad a la hora de pagar los servicios, que suman una pátina más de dificultad a la ya de por sí compleja tarea.

En una nota difundida a la prensa, la fintech Qonto, hacía un cálculo del porcentaje de facturas que se habían pagado con retraso. Según sus cálculos, estimados en base a los clientes de la propia plataforma, dejaban una imagen bastante poco alentadora. El 39% de las facturas se había pagado con retraso y, además, la demora media había subido en casi seis días, hasta los 48,5. Las pymes, además, solo disponen de 9,6 días de autonomía de caja de media, y apenas el 30% tiene reservas para operar un mes.

Un problema crónico

Aunque los datos de esta plataforma resultan interesantes por su inmediatez, lo cierto es que este problema se ha convertido en algo relativamente crónico dentro del sistema productivo español. En abril de este 2026 CEPYME estimaba que el pago de las facturas durante el 2025 se había situado en torno a los 80,5 días, un 34% por encima del plazo legal, que se sitúa en los 60 días.

Informa D&B (Cesce) afirmaba también en su informe del pasado junio de 2026, que España se situaba como uno de los peores países de la UE con respecto al pago de las facturas. Más concretamente, nos colocaba en el quinto peor puesto, solo por delante de Portugal, Francia, Italia e Irlanda.

Algo también relevante a destacar es que no todas las empresas sufren esta situación de forma idéntica, aunque todas la padecen. Si bien ciertas empresas han mostrado en los últimos años una reducción relativa del tiempo de espera, de en torno a uno o dos días para las grandes y medianas, las pequeñas y los autónomos han empeorado su situación. En concreto, sobre los autónomos, estos han empeorado en dos días los plazos de pago desde el 2024, algo especialmente preocupante al ser, en general, el eslabón más debil de la cadena.

Los costes para las empresas

Algo no menos relevante es el importante coste que esto representa y, como decimos, en particular para las más pequeñas. En total, según los cálculos de D&B, en el primer trimestre de 2026 los costes de esta práctica rondaban los 3.000 millones de euros. Y es que aunque esta cifra corresponde al conjunto del tejido empresarial español, refleja el impacto que tiene la morosidad sobre la liquidez de los negocios. A ello se suma el coste de recurrir a financiación externa para cubrir los gastos corrientes, como salarios, proveedores, impuestos o cotizaciones, mientras las facturas siguen pendientes.

A la parte económica, hay que sumarle, inevitablemente, la sensación de dependencia e inestabilidad que causa esta situación. Eso mismo podemos comprobar en el «Barómetro II trimestre 2026» de ATA, el que sitúa este problema como uno de los problemas más comunes. El 44,7% de los encuestados para el informe revelaba que lo había sufrido durante este período, habiendo un incremento superior a los 6 puntos con respecto al barómetro previo, en el que se registraba un 38,3%.

¿Quién tarda en pagar?

Los principales responsables de estos retrasos son los clientes privados, aunque las administraciones públicas también contribuyen al problema. Según el barómetro, el 23,4% de los autónomos encuestados afirmaba sufrir demoras exclusivamente por parte de empresas y clientes privados, mientras que otro 14,1% señalaba tanto al sector público como al privado. Por su parte, el 7,2% apuntaba únicamente a las administraciones. De este modo, el sector privado aparece como el principal foco de los retrasos en los cobros que sufren los trabajadores por cuenta propia, sobre todo cuando se trata de empresas grandes.

Esta situación coloca a los autónomos en una posición especialmente delicada, ya que deben mantener su actividad y afrontar sus propios compromisos económicos mientras esperan a recibir el dinero por trabajos que ya han realizado. La demora no solo reduce su liquidez, sino que también puede obligarles a recurrir a financiación externa o a posponer inversiones y pagos. Un cobro que se retrasa deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo para la continuidad del negocio. Una amenaza, por desgracia, que parece endémica en nuestro país.

Fuente: El Economista