
La publicación a finales de marzo de la Orden de Cotización 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha provocado un fuerte quebranto operativo entre autónomos con empleados, que llevan sus propias cuentas, y entre asesorías y gestorías, que han tenido que gestionar todo el primer trimestre sin conocer las reglas definitivas. El resultado es que ahora deben rehacer nóminas y cotizaciones en cuestión de días, justo cuando se acumulan otras obligaciones fiscales y sin margen real de adaptación.
El impacto es especialmente relevante para autónomos con empleados y pymes, que dependen de dichos despachos profesionales para cumplir con sus obligaciones laborales y que se enfrentan ahora a ajustes urgentes, con riesgo de errores y sobrecostes administrativos. Seguridad Social ha anunciado ya que regularizará de oficio las cotizaciones de enero y febrero, pero deja fuera marzo, lo que obliga a los profesionales a recalcular este último mes en tiempo récord.
Este desfase entre la publicación de la norma y su aplicación real se ha convertido en un problema recurrente que genera inseguridad jurídica y obliga a rehacer procesos ya cerrados. “Publicar esta orden a finales de marzo, con efectos desde el 1 de enero, no es admisible”, denunció a este diario Joaquín Merchán Bermejo, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España. “Hemos tenido que trabajar durante todo el trimestre sin la información que necesitábamos para hacer bien nuestro trabajo”.
La Orden PJC/297/2026 se publicó el 31 de marzo y entró en vigor el 1 de abril, aunque sus efectos se retrotraen al inicio del año. Lo que implica que todas las cotizaciones del primer trimestre se han calculado sin las bases definitivas. Esto obliga ahora a recalcular cuotas, ajustar nóminas y presentar liquidaciones complementarias en un plazo muy limitado.
Aunque la Administración ha optado por corregir automáticamente las cotizaciones de enero y febrero, ha dejado fuera las de marzo, que deben abonarse en abril. Este detalle es el que concentra la mayor carga de trabajo en los despachos, que tienen que adaptar en cuestión de días todas las liquidaciones conforme a una norma recién conocida.
“Esto implica una liquidación complementaria y rehacer nóminas en tiempo récord. Un caos para los autónomos y pymes, y para los trabajadores”, advirtió Merchán. Quien subraya la dificultad de asumir este volumen de ajustes sin errores en un plazo tan reducido.
El retraso en la publicación de las órdenes de cotización no es un hecho aislado, sino una tendencia que se arrastra desde hace varios ejercicios y que cada año se acerca más al cierre del primer trimestre. Esta reiteración convierte lo que debería ser una excepción en una práctica habitual que complica la planificación de empresas y asesorías.
En 2023 la orden se publicó a finales de enero, en 2024 llegó prácticamente al cierre de marzo, en 2025 se situó a finales de febrero y en 2026 se ha vuelto a retrasar hasta el último día de marzo, acumulando tres meses de retroactividad. Este patrón obliga a rehacer sistemáticamente nóminas ya calculadas y, en muchos casos, ya abonadas.
“Los graduados sociales somos colaboradores históricos de la Seguridad Social, pero desde la pandemia nos hemos convertido en ‘cuidadores’ de esta, y estamos hastiados y exhaustos”, afirmó el presidente del Consejo. Joaquín Merchán denuncia la sobrecarga constante que genera este tipo de decisiones administrativas.
Fuente: Autonomosyemprendedor.es