Impacto en la economía española
La escalada del conflicto en Oriente Medio ya tiene impacto directo en la economía española, especialmente en autónomos y pymes. El diésel es un 28% más caro desde el ataque a Irán, y la gasolina un 16%. Para un trabajador por cuenta propia que se desplaza en coche, desde repartidores, a electricistas, esta subida supone un sobrecoste de 288 euros al mes.
«Los autónomos no podrán repercutir esta subida al consumidor final lo que reducirá aún más sus márgenes y pondrá en riesgo la viabilidad de numerosas actividades», enfatiza el presidente de UPTA, Eduardo Abad.
Este aumento de los costes energéticos sumado a las tensiones en el comercio internacional y la incertidumbre en los mercados han llevado al Ejecutivo a desplegar un paquete de medidas urgentes, mientras las comunidades autónomas reaccionan con iniciativas propias, aunque de forma desigual.
Un plan estatal para evitar otro shock económico
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 20 de marzo un conjunto de medidas por valor de 5.000 millones de euros destinadas a amortiguar el golpe económico derivado del conflicto. El plan, que se vota hoy jueves 26 de marzo en el Congreso, incluye ayudas directas, facilidades de financiación y medidas para garantizar liquidez a empresas especialmente expuestas al encarecimiento de costes.
Según lo comunicado por el Ejecutivo, el objetivo es evitar un deterioro del tejido productivo similar al vivido en crisis anteriores, con especial foco en pequeñas empresas, transporte, industria y sectores intensivos en energía.
Entre las líneas principales destacan un refuerzo de los mecanismos de liquidez para empresas y apoyo específico a pymes con mayor exposición internacional.
Asimismo se pone en marcha una «reducción drástica» de la fiscalidad energética, bajando los impuestos sobre la electricidad hasta en un 60%. En concreto, el Real Decreto-ley recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y ‘pellets’, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano. También se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva.
Para facilitar el acceso a la financiación, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos, para el sector agroalimentario y pesquero.
Las comunidades reaccionan a distintas velocidades
Mientras el Gobierno central define el marco general, las comunidades autónomas están activando sus propias respuestas. Sin embargo, lo están haciendo de forma desigual, dibujando un mapa fragmentado de ayudas.
Algunas regiones han optado por actuar con rapidez. Murcia, por ejemplo, ha movilizado un paquete económico para apoyar a empresas con problemas inmediatos de liquidez. Asturias ha seguido una vía distinta, apostando por facilitar el acceso al crédito mediante avales públicos. En Baleares, el Ejecutivo insular prepara un decreto que combinará rebajas fiscales con ayudas directas, mientras que Cataluña trabaja en un plan de mayor alcance que incluirá tanto a empresas como a familias que supondrá movilizar unos 300 millones de euros.
El Ejecutivo vasco apuesta asmimsmo por la celeridad. Su paquete de ayudas refuerza con 257 millones de euros el apoyo a las pymes y habilita avales de hasta 450 millones para que empresas y autónomos puedan tener financiación si ven una caída en picado de sus ingresos.
En paralelo, otras comunidades han preferido esperar antes de concretar medidas, a la espera de evaluar mejor el impacto o de conocer el desarrollo completo del plan estatal. Es el caso de Galicia, Castilla-La Mancha o La Rioja donde ha habido reuniones con los sectores afectados pero sin concretar ayudas por el momento.
En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Gobierno una bajada del IVA de la luz, del gas y de los combustibles. También el gobierno de la Comunitat Valenciana aboga por que sea el gobierno central el responsable de adoptar medidas.
Fuente: Business Insider
